martes, 6 de noviembre de 2007

Nadie quiere al puerto petrolero en Quihua


Su más profundo rechazo a la instalación del puerto petrolero en isla Quihua ha mostrado la comunidad. La empresa que presentó por separado las descarga y el almacenamiento de combustible ha sufrido dos serios contratiempos En primer lugar la Declaración de Impacto Ambiental de descarga presentado a CONAMA por la portuaria Cabo Froward fue rechazado, por lo que deberá ingresar un Estudio de Impacto Ambiental lo que obliga a la participación de la comunidad. En tanto Copec que presento el almacenamiento del combustible presentó su proyecto en Calbuco obteniendo un total rechazo.

Contra Cabo Froward diferentes oficinas públicas presentaron sus críticas entre las que se cuentan: el Servicio Agrícola y Ganadero, la Gobernación Marítima de Puerto Montt, la Municipalidad de Calbuco, el SERNATUR y la Secretaría Ministerial de Agricultura. La decisión en cuestión fue adoptada por unanimidad.

Además, organizaciones sociales como sindicatos de pescadores artesanales habían cuestionado desde su conocimiento dicho proyecto, dado el impacto que podía tener sobre su actividad.
Esta iniciativa busca reemplazar el Terminal petrolero de Puerto Montt, el cual fue cerrado en 2005 cuando el Servicio de Energía y Combustible, SEC, constató una filtración de 36 mil litros de gasolina y diesel, en un lapso de dos años, provocando la contaminación de napas subterráneas en terrenos aledaños. Por esa razón la empresa Copec que administró las instalaciones junto a la compañía Esso, hasta septiembre de ese año, debió cancelar una multa de 188 millones de pesos por su responsabilidad en el hecho.

El rechazo de la comunidad de Quinua donde está emplazado el Terminal portuario Cabo Froward, se basa en el explosivo crecimiento industrial de la comuna de Calbuco, y la falta de participación de sus habitantes en la toma de decisiones en ese sentido y al mismo tiempo en los episodios de contaminación provocados por derrames de hidrocarburos que han afectado a distintas zonas del país, donde el daño ambiental en contra de los recursos pesqueros y el ecosistema son irreversibles y con efectos sociales, difíciles de cuantificar, para quienes viven de la extracción del mar.

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